Una ley de la Dependencia dependiente de numerosas incógnitas y enmiendas

La futura ley de la Dependencia y de la Autonomía Personal más que el cuarto pilar del estado de Bienestar, pude ser la cuarta pata carcomida de un banco que de una cobertura social tímida y discriminatoria.

La creación ex novo del cuarto pilar del Estado de Bienestar que persigue el gobierno central de la nación con la promulgación de la ley de la Dependencia y Autonomía personal está cuajado de numerosas expectativas. Si bien es cierto que hasta ahora no se había reparado en la unificación legal de la prestación de ayudas y servicios a las personas con discapacidad, no es menos cierto que la elaboración de los contenidos de la misma ofrece ciertas dudas que inciden en su futura materialización una vez aprobada en las Cortes Generales.

Para el ministro Jesús Caldera es una ley ambiciosa que apuesta por que ninguna persona deje de estar atendida por falta de recursos. Sin embargo, a priori, la ley no establece qué criterios, umbrales o baremos se van a utilizar para determinar los requisitos de discapacidad. Tampoco ofrece la ley diáfanamente el tipo de prestaciones acordes a la naturaleza de la discapacidad sufrida por los afectados, ni la coordinación entre las respectivas administraciones.

A pesar de que el CERMI, según declaraciones de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad Dª. Amparo Valcarce, ha tenido un papel fundamental en la confección de la ley, la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares con Discapacidad Intelectual (FEAPS) a la cual se suma FEAPS-Aragón, no comparten la “bondad” de la futura ley al relegar la atención de las personas con discapacidad intelectual, pues inicialmente en el texto únicamente tienen garantizado este derecho los dependientes de las discapacidades motoras.

Así las cosas, la nueva ley debería dar una cobertura no discriminatoria y no conculcar derechos inherentes de corte universal, además de ser un icono referencial para la todas las Comunidades Autónomas sin que existiese por ello desequilibrios étnicos, económicos o sectoriales.

Ante esta coyuntura, el Consejo Aragonés de la Discapacidad, aprobado recientemente por decreto por el Consejo de Gobierno, y la Dirección General de Atención a la Dependencia de Aragón, en un alarde de ser unas instituciones pioneras en acercar su sensibilidad política a las personas con discapacidad, tendrán que obrar en consecuencia y distribuir, asesorar y gestionar responsablemente los recursos que les sean de dotación presupuestaria a nivel nacional y aquellos autóctonos que procedan de las arcas de la administración autonómica.