El decálogo socialista de anticorrupción urbanística rezuma tendenciosa ambición.

Tras los escándalos urbanísticos de Ciempozuelos (Madrid), el PSOE pretende urgentemente enmendar la plana y lavarse la cara aprobando unas pautas de conducta (Decálogo urbanístico) orientadas a transparentar la honestidad de los cargos públicos responsables de la construcción.


Parece ser que al perro flaco todo son pulgas. Después de haber ganado accidentalmente las elecciones nacionales el equipo que capitanea el lúcido Zapatero, la culpa de los delitos, corrupciones y demás entresijos de la luctuosa política que la desmembrada España está sufriendo se le imputan toda, todita, al PP.

El PSOE se nos presenta hoy como el redentor de todo mal que antaño tramara su opositor PP, avalado éste ahora por la confianza de diez millones de votos que no quieren ser cautivos de la depravación socialista y de sus oscuras artimañas.

Lejos de reconocer el PSOE la implicación de ediles socialistas en la trama urbanística, Pepe Blanco y Fernández de la Vega principalmente echan cortinas de humo para confundir al electorado y se inventan un decálogo manumisor al modo de aquellos héroes resolutivos que con diáfana rectitud desean rescatar al pueblo de las garras de los ultras derechistas que en legislaturas pasadas fomentaron, según comentan aquellos, la especulación y la trama del suelo.

Pero lo cierto es que históricamente lo que menos le caracteriza al PSOE es la honradez, pues si miramos atrás, en la época felipista, en la cual Rubalcaba, Mª. Teresa Fernández y Belloch (alcalde de Zaragoza) eran iconos públicos, el grado de corrupción se elevo a cotas superlativas de difícil superación.

Para rememorar aquellos tiempos pensemos en Zaragoza en García Nieto, concejal de urbanismo, en el alcalde Treviño y una retahíla de indeseables que militando en las filas socialistas hicieron de la construcción el paraíso fiscal de sus vidas. Y que ahora nos vengan vendiendo la moto, esa que reluce en medio del caos gubernamental, ni es propio, ni moral ni por su puesto democrático.

Por tanto, es de obligado cumplimiento hacer recalar desde una perspectiva jurídica a los jerifantes socialistas que ahora ocupan cargos que en su vida habían imaginado que, el artículo 24.2 de la Constitución Española prescribe que “todos tienen derecho a ... la presunción de inocencia” , lo que supone desestimar uno de los cánones del mencionado “decálogo” que advierte de expulsar a cualquier cargo público o militante sobre el que pesen indicios racionales de criminalidad o sospechas de actividades irregulares.

No se sabe bien quienes asesoran a las masas pensantes de nuestro desastroso gobierno central. Lo que es vedad es que las presunciones no operan el campo del derecho, sino al contrario los hechos fehacientes y comprobados. La presunción de inocencia abarca el ámbito extraprocesal (no tener a nadie por autor mientras no existan pruebas) y el ámbito procesal (mínima prueba constatada, pruebas legales y carga de la acusación).

En fin, lo que actualmente le sucede al PSOE es que las practicas que siempre han sabido desplegar con sutileza, ahora que de vez en cuando afloran a la luz, invertan remedios que ennegrecen con demasiada porquería a la ultrajada y vilipendiada oposición popularista.
Ante la negligencia manifiesta del PSOE para frenar la escalada de precios de la vivienda, crean eslóganes inútiles como el de “tolerancia cero” para que el Estado tenga mayor peso en la ordenación urbanística de tal modo, que las competencias locales y regionales disminuyan para envilecer aún más el dominio estatal del poder socialista.

Así las cosas, el método más eficaz para acabar con todo tipo de corrupción es aplicar el Código Penal con la venda puesta siempre en los ojos, y que la Fiscalía anticorrupción ejerza la inviolabilidad que le otorga el Poder Judicial en virtud de la separación de poderes que proclama la insigne Constitución.

vicenbarbarroja