La judicatura, sindicatos y asociaciones afines debaten acerca de las agresiones a los docentes.
La educación se ha convertido con el nuevo sistema socialista en una profesión de alto riesgo, debido fundamentalmente, a las ataques físicos y afrentas verbales que soportan los profesores.
Zapatero desde su ámbito de poder nacional, y Eva Almunia sentada sobre su trono competencial del área educativa del Gobierno de Aragón, ambos restan importancia a uno de los fenómenos revelación que últimamente y con cierta frecuencia acaece en las aulas de los colegios: la violencia escolar. El asunto en cuestión no es para tratarlo con indiferencia, bien al contrario se presta a optimizar la aguda atención de los responsables en dicha materia para atajar la corriente agresiva que se vive en los centros escolares y dotar de mayor protección a los profesionales que ejercen la vocacional y a la vez sufrida tarea educativa.
El Consejo General del Poder Judicial, encarnado en su portavoz Enrique López, opina que se debe devolver al profesorado la autoridad disciplinaria que actualmente se ha eliminado como consecuencia de las numerosas reformas que la ley de educación está padeciendo. En la misma línea, Jueces para la Democracia, afirma en la persona de Jaime Tapia como adalid que la idea de reformar el Código Penal para reforzar la seguridad de los profesores les parece razonable pero que habrá que estar con posterioridad a los pronunciamientos que al respecto se puedan derivar.
En la misma línea, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, entienden y defienden que la invitación a la reforma penal sería viable y no desproporcionada, ya que los brotes de violencia en las escuelas deben perseguirse con el mayor rigor y la máxima contundencia. Además, los sindicatos más significativos españoles en el espacio educativo filiales y afines al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a la sazón CC.OO y UGT, denuncian la dejación estatal y regional, y opinan que defender la acción tutorial, fomentar las técnicas de mediación y crear en el Consejo Escolar del Estado una comisión sincrética constituida entre padres, alumnos, profesores y representantes sindicales, contribuiría a encauzar la problemática que se cierne sobre el contexto estudiantil.
Pero a pesar de estos latentes y palmarios signos de alarma, y de advertirse propuestas coherentes para paliar este grave problema que ocupa gran número de páginas diarias en los medios de comunicación, parece ser que al presidente por accidente del gobierno de la nación, el feble Zapatero, y a la baldía Eva Almunia en la Comunidad de Aragón, nos les causa ninguna irritación, ni por ello les quita el sueño, antes bien discurren sonrientes por sus respectivas instituciones como si el asunto no fuera competencia de ellos. Y para terminarlo de arreglar, el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, fiel a los mandatos de su regidor, afirma que “no se trata de cambios sino de recordar la existencia de preceptos legales a los que ahora es necesario poner en primer plano”.
En Zaragoza, en el colegio Condes de Aragón, de cuya trama de violencia se ha hecho eco Aragón Liberal en días pasados, la Dirección Provincial de Educación, “ninguneo” a la dirección del colegio y depuso a la comisión de cambio de centro por motivos disciplinarios, al ser negado el traslado de siete alumnos que produjeron estragos en dicho colegio valorados en cerca de 60.000 euros. A este tenor, la Consejera de Educación Eva Almunia espetó que “ los conflictos en las aulas son sólo reflejo de lo que pasa en la sociedad del siglo XXI, pero la escuela los está resolviendo”. Esta declaración refleja la pasividad e incompetencia política de los responsables que, lejos de saber o querer solucionar este vidrioso asunto, descargan la responsabilidad al colegio atándoles al mismo tiempo los pies y las manos.
Con la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía” y la lenidad que transpira la vigente LOE (ambos logros del embaucador sistema socialista zapateril), mucho me temo que valores como el esfuerzo, el compromiso, la obediencia, y la autoridad, que anteriormente era el núcleo de la formación escolar, se irán diluyendo con el tiempo provocando una embestida de consecuencias peligrosas. Mientras Zapatero y sus acérrimos e interesados seguidores no presten atención a los problemas reales del pueblo, ni escuchen a la ciudadanía, la democracia participativa nunca verá la luz del amanecer. Mientras Zapatero hunda sus propósitos en un sustrato ideológico arcaico, roído y herrumbroso, que persiga destapar el pasado republicanismo sectario, los caciques seguirán gobernando la vitupera nación española.
Quizá con esta trastornada actitud, lo que Zapatero está demandando implícita e ignoradamente es una revolución en la que la gente decente y trabajadora despierte y reaccione contra la oxidada podredumbre que durante tres años el iluminado José Luis Rodríguez ZP nos ha excretado sobre las espaldas de nuestras familias, nuestros empleos y sobre nuestro porvenir.
¡ Decorosos, virtuosos, honrados, justos, íntegros, ejemplares y personas morales: todos a las barricadas, que España comienza a despuntar!
vicenbarbarroja.
Zapatero desde su ámbito de poder nacional, y Eva Almunia sentada sobre su trono competencial del área educativa del Gobierno de Aragón, ambos restan importancia a uno de los fenómenos revelación que últimamente y con cierta frecuencia acaece en las aulas de los colegios: la violencia escolar. El asunto en cuestión no es para tratarlo con indiferencia, bien al contrario se presta a optimizar la aguda atención de los responsables en dicha materia para atajar la corriente agresiva que se vive en los centros escolares y dotar de mayor protección a los profesionales que ejercen la vocacional y a la vez sufrida tarea educativa.
El Consejo General del Poder Judicial, encarnado en su portavoz Enrique López, opina que se debe devolver al profesorado la autoridad disciplinaria que actualmente se ha eliminado como consecuencia de las numerosas reformas que la ley de educación está padeciendo. En la misma línea, Jueces para la Democracia, afirma en la persona de Jaime Tapia como adalid que la idea de reformar el Código Penal para reforzar la seguridad de los profesores les parece razonable pero que habrá que estar con posterioridad a los pronunciamientos que al respecto se puedan derivar.
En la misma línea, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, entienden y defienden que la invitación a la reforma penal sería viable y no desproporcionada, ya que los brotes de violencia en las escuelas deben perseguirse con el mayor rigor y la máxima contundencia. Además, los sindicatos más significativos españoles en el espacio educativo filiales y afines al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a la sazón CC.OO y UGT, denuncian la dejación estatal y regional, y opinan que defender la acción tutorial, fomentar las técnicas de mediación y crear en el Consejo Escolar del Estado una comisión sincrética constituida entre padres, alumnos, profesores y representantes sindicales, contribuiría a encauzar la problemática que se cierne sobre el contexto estudiantil.
Pero a pesar de estos latentes y palmarios signos de alarma, y de advertirse propuestas coherentes para paliar este grave problema que ocupa gran número de páginas diarias en los medios de comunicación, parece ser que al presidente por accidente del gobierno de la nación, el feble Zapatero, y a la baldía Eva Almunia en la Comunidad de Aragón, nos les causa ninguna irritación, ni por ello les quita el sueño, antes bien discurren sonrientes por sus respectivas instituciones como si el asunto no fuera competencia de ellos. Y para terminarlo de arreglar, el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, fiel a los mandatos de su regidor, afirma que “no se trata de cambios sino de recordar la existencia de preceptos legales a los que ahora es necesario poner en primer plano”.
En Zaragoza, en el colegio Condes de Aragón, de cuya trama de violencia se ha hecho eco Aragón Liberal en días pasados, la Dirección Provincial de Educación, “ninguneo” a la dirección del colegio y depuso a la comisión de cambio de centro por motivos disciplinarios, al ser negado el traslado de siete alumnos que produjeron estragos en dicho colegio valorados en cerca de 60.000 euros. A este tenor, la Consejera de Educación Eva Almunia espetó que “ los conflictos en las aulas son sólo reflejo de lo que pasa en la sociedad del siglo XXI, pero la escuela los está resolviendo”. Esta declaración refleja la pasividad e incompetencia política de los responsables que, lejos de saber o querer solucionar este vidrioso asunto, descargan la responsabilidad al colegio atándoles al mismo tiempo los pies y las manos.
Con la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía” y la lenidad que transpira la vigente LOE (ambos logros del embaucador sistema socialista zapateril), mucho me temo que valores como el esfuerzo, el compromiso, la obediencia, y la autoridad, que anteriormente era el núcleo de la formación escolar, se irán diluyendo con el tiempo provocando una embestida de consecuencias peligrosas. Mientras Zapatero y sus acérrimos e interesados seguidores no presten atención a los problemas reales del pueblo, ni escuchen a la ciudadanía, la democracia participativa nunca verá la luz del amanecer. Mientras Zapatero hunda sus propósitos en un sustrato ideológico arcaico, roído y herrumbroso, que persiga destapar el pasado republicanismo sectario, los caciques seguirán gobernando la vitupera nación española.
Quizá con esta trastornada actitud, lo que Zapatero está demandando implícita e ignoradamente es una revolución en la que la gente decente y trabajadora despierte y reaccione contra la oxidada podredumbre que durante tres años el iluminado José Luis Rodríguez ZP nos ha excretado sobre las espaldas de nuestras familias, nuestros empleos y sobre nuestro porvenir.
¡ Decorosos, virtuosos, honrados, justos, íntegros, ejemplares y personas morales: todos a las barricadas, que España comienza a despuntar!
vicenbarbarroja.
posted by vicenbarbarroja at 6:46 AM
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