La rectificación de la DGA en materia de dependencia es oportuna y provechosa.

Subsanar de raíz las controversias y los errores trae siempre buena cuenta, como así lo ha demostrado el Consejero de Servicios Sociales Miguel Ferrer, máxime cuando se trata de personas dependientes.


Con la posible externalización de la evaluación del grado de minusvalía hacia una sociedad anónima de capital público, se abrió hace unos días un debate político cargado de polémica, en donde la oposición principalmente liderada por el PP, cargo duramente las tintas. La Consejería de Servicios Sociales y Familias del Gobierno de Aragón lanzó un globo sonda para observar la repercusión del impacto que provocaría la derivación al sector privado de una de las funciones más significativas y delicadas de la aplicación de la inminente ley de la Dependencia, como es valorar y evaluar a los afectados para determinar su grado de minusvalía y su determinación como personas dependientes.

Lo cierto es que no es ilegal que una empresa cimentada sobre la estructura jurídica de una sociedad anónima pueda asumir la competencia a la que nos referimos, en absoluto. Pero no es menos cierto que con dicha externalización también se podría generar la truculenta picaresca de fomentar el clientelismo y conceder, en su caso, algún trato de “favor” al elevar el porcentaje para traspasar el umbral del 33% legal a personas concretas con el fin de poder beneficiarse éstas posteriormente de las ayudas y subvenciones que en virtud de la normativa vigente pudieran corresponderles.


Con todo, es loable y plausible reconocer que la “marcha atrás” del Consejero Miguel Ferrer es adecuada, aunque no se sabe muy bien si es fruto de la reflexión o por el contrario por falta de apoyo suficiente de su socio socialista en el Gobierno de Aragón. Entre las tres fórmulas posibles para asumir el compromiso que marcará la futura ley de la Dependencia en orden a la evaluación de los dependientes, a saber, externalización por medio de una empresa con capital público, la moratoria de la aplicación de la ley solicitada al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la asunción de dicho cometido por parte de la Administración Pública (en este caso la de Aragón), al parecer esta última opción ha sido la definitiva por considerarse la más ventajosa y la que mayor razón de ser incorpora a la misión encomendada a los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello Javier Callau, director gerente del I.A.S.S manifestó “que la Dirección General de la Dependencia se encargará de la evaluación y el I.A.S.S. de la prestación de los servicios”.

Esperemos que con esta acertada rectificación, la partida presupuestaria para el año 2007 de 200.000 euros destinada en un principio a la creación de la cuestionada empresa, sea bien recibida para concebir un plan de empleo alternativo dirigido a la contratación de personal especializado con el fin de dar cobertura a las necesidades reales del colectivo de personas dependientes en Aragón.

vicenbarbarroja..