El giro de los políticos demócratas norteamericanos reafirma una exquisita observancia por la religión.

55 congresistas de la fe católica del Partido Demócrata apuestan por un alegato de principios en donde se comprometen a legislar en coherencia con sus convicciones.


Después de practicar el Partido Demócrata estadounidense un laicismo acerado y combativo en las últimas legislaturas, ahora tiene a bien enarbolar una nueva razón de ser que diseña un novedoso perfil político al mostrar que la religión debe estar presente en la vida pública por ser consustancial e inseparable del ser humano. Ante esta postura, ya desde hace varios meses, las intervenciones en las que los congresistas demócratas hacen revelaciones públicas relativas a la fe que alimentan sus creencias, son abundantes y abiertas.


Por todo ello, el senador Barack Obama tildó de "irracional e intolerante" la actitud de aquellas personas, políticos o no, que excluyen por principio y con discriminación la religión de la esfera pública. No es congruente confinar un espíritu, un sentir y una forma de vivir a las cuatro paredes del interiorismo más oscuro del hombre.

Legislar a favor de la vida y de la dignidad del ser humano, en consonancia con los dictados de la enseñanza social de la Iglesia Católica y prestar atención a las directrices acerca de los valores éticos, no solamente es loable y plausible sino de obligado cumplimiento en aras de construir una sociedad más justa y humana. La primacía de la conciencia debería estar en todo caso por encima de los intereses partidistas y consecuentemente fuera de toda lógica que incida en la dogmática disciplina del voto.

Además, la separación entre la Iglesia y el Estado es a toda luz compatible con el hecho de que la fe otorgue crédito e informe acertadamente de todos los aspectos que afecten a nuestros deberes públicos.

La brecha económica en Aragón aplasta con indiferencia a los más pobres.

En pleno S.XXI, el Estado del bienestar todavía no despunta para una cantidad nada despreciable de ciudadanos que por naturaleza deberían ostentar el mismo grado de dignidad que los más ricos.


Uno de los logros más significativos de nuestra “brillante” democracia ha sido sin duda, no ya que las minorías sean tenidas en cuenta, sino que sean atendidas convenientemente según sus circunstancias. Ante esta afirmación a priori nada reveladora, es obvio que en la práctica no se aplica con equidad. Es un panorama deplorable ver que cerca de 200.00 aragoneses vivan en el umbral de la más absoluta pobreza. Mientras otros sobresalen por sus pingüe bonanza económica, otros en cambio adolecen de los enseres y servicios más básicos para el ser humano.


Frente a esta situación, en breve el Instituto de Estudios Sociales Avanzados desvelará cuantificadamente los sectores de pobreza que cubren la geografía de nuestra Comunidad. Con todo, no es tan necesario descubrir la cantidad de pobres afectados que alberga Aragón, como erradicar en la mayor medida posible los brotes de la indigencia. Es paradójico comprobar cómo en áreas de colmada riqueza afloran situaciones de emergencia, de alarma y drama familiar, produciéndose una brecha difícil de sortear, que aleja a pobres y ricos dada la indiferencia que provoca la inerte comodidad.

Dificultades para comer, lavarse y vestirse son algunas de las carencias que sufre la población aragonesa sumergida en el deterioro físico, psíquico y en el olvido social. Ante este absurdo escenario, solamente resta apelar a la consideración cívica y la responsabilidad institucional para que, en conciencia, la opulencia complaciente de personajes cada vez más impasibles baje escaños en pro de paliar aquellas insuficiencias que nuestro prójimo errante espera como recompensa del vanguardista avance técnico y del laureado desarrollo social.

La deriva utilitarista cosifica irremediablemente al ser humano.

La comunidad mundial está cayendo en un darwinismo social orientado a eliminar de las personas la opresión del sufrimiento y de los defectos. El fin último es anestesiar a la sociedad y fomentar la especie humana elaborada.


El utilitarismo vinculado al factor económico y a la asignación de los recursos sobre todo en el ámbito sociosanitario ha engendrado un nuevo concepto de ser humano. Con ello se pretende uniformar y acotar la especie humana declinando cualquier brote de dolor que merme las facultades vitales del hombre.

Frente a esta teoría disparatada a la que se aboca gran parte de la comunidad científica se opone la verdadera razón de la existencia de la humanidad: su destino trascendental. Cuando uno repara en reflexionar el porqué de la existencia humana, se llega a descubrir el indiscutible fin para el que ha sido creado el hombre. Por ello, desde el punto de vista teleológico, el individuo está incardinado a la eternidad, término este antagónico con los programas relacionados con el incremento de la riqueza, la productividad o la competitividad.


Esto es debido a que cuando en una sociedad técnica, de consumo y convencional como la nuestra, en donde no existen valores absolutos ni principios válidos, donde se da paso a la negociación mercantilista como eje rector, y donde el único interés se centra en sacar partido a todas las cosas, es irrevocable que la justicia no puede ocupar ningún lugar, y por ello se consideren a las personas, no por su propia dignidad sino por el reporte útil y económico que adquieren para la colectividad.

De esta manera nos alejamos de la ética de la libertad y de la ética de la solidaridad, siendo el dominio de los fuertes y sanos la lógica que enaltece y preside el individualismo más exacerbado. Y llegados a este punto seguramente nos surgen ciertas preguntas, ¿estamos todavía conformados en el principio de “humanidad”?, ¿quién decide cual es el concepto de humano y no humano?, ¿la dignidad humana está por encima del despotismo de quien pueda arrogarse la potestad de decidir sobre la vida y la muerte o sobre el que sufre y debe morir?

Cuestiones nada baladíes en las que todos deberíamos meditar para no cometer errores irreversibles, pues como decía Santo Tomás, la persona es fuente y fin de la vida social, un bien en el que converge el universo. No podemos instrumentalizar al hombre por ningún interés pues éste indubitadamente se identifica con la misma esencia de su Creador.

Una ley de la Dependencia dependiente de numerosas incógnitas y enmiendas

La futura ley de la Dependencia y de la Autonomía Personal más que el cuarto pilar del estado de Bienestar, pude ser la cuarta pata carcomida de un banco que de una cobertura social tímida y discriminatoria.

La creación ex novo del cuarto pilar del Estado de Bienestar que persigue el gobierno central de la nación con la promulgación de la ley de la Dependencia y Autonomía personal está cuajado de numerosas expectativas. Si bien es cierto que hasta ahora no se había reparado en la unificación legal de la prestación de ayudas y servicios a las personas con discapacidad, no es menos cierto que la elaboración de los contenidos de la misma ofrece ciertas dudas que inciden en su futura materialización una vez aprobada en las Cortes Generales.

Para el ministro Jesús Caldera es una ley ambiciosa que apuesta por que ninguna persona deje de estar atendida por falta de recursos. Sin embargo, a priori, la ley no establece qué criterios, umbrales o baremos se van a utilizar para determinar los requisitos de discapacidad. Tampoco ofrece la ley diáfanamente el tipo de prestaciones acordes a la naturaleza de la discapacidad sufrida por los afectados, ni la coordinación entre las respectivas administraciones.

A pesar de que el CERMI, según declaraciones de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad Dª. Amparo Valcarce, ha tenido un papel fundamental en la confección de la ley, la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares con Discapacidad Intelectual (FEAPS) a la cual se suma FEAPS-Aragón, no comparten la “bondad” de la futura ley al relegar la atención de las personas con discapacidad intelectual, pues inicialmente en el texto únicamente tienen garantizado este derecho los dependientes de las discapacidades motoras.

Así las cosas, la nueva ley debería dar una cobertura no discriminatoria y no conculcar derechos inherentes de corte universal, además de ser un icono referencial para la todas las Comunidades Autónomas sin que existiese por ello desequilibrios étnicos, económicos o sectoriales.

Ante esta coyuntura, el Consejo Aragonés de la Discapacidad, aprobado recientemente por decreto por el Consejo de Gobierno, y la Dirección General de Atención a la Dependencia de Aragón, en un alarde de ser unas instituciones pioneras en acercar su sensibilidad política a las personas con discapacidad, tendrán que obrar en consecuencia y distribuir, asesorar y gestionar responsablemente los recursos que les sean de dotación presupuestaria a nivel nacional y aquellos autóctonos que procedan de las arcas de la administración autonómica.

COMUNICACIÓN DE CALIDAD

Comunicar es la acción de poner algo en común. La comunicación social se establece entre personas concretas y es más humana cuanto más ayuda a los demás a ser colmadamente humanos y libres. Los periodistas se presentan siempre ante la sociedad como “buscadores de la verdad”. Pero quien realmente se interesa por la verdad está siempre alerta de las reacciones de quienes reciben la información.
Así pues, la comunicación planteada como un espacio comunicativo de búsqueda de la verdad, produce satisfacción en la colectividad y evita las agresiones, y cuando realmente se busca la verdad lo que se busca es el bien en su plenitud. De ahí que el comunicador de la verdad a medias que opta por el sensacionalismo no construye y además genera un conflicto de oscura resolución.
Y ante esta tesitura, los medios ¿nos acercan o nos alejan de la verdad? Los medios pueden recrear las cosas informando sobre la realidad para ayudar a discernir nuestras opiniones y opciones, pero pueden crear situaciones virtuales de ficción que envenenan. Cuando tanto las imágenes como las noticias se orientan a inducir como único objetivo el consumo o la manipulación, se está destruyendo la projimidad y la veracidad. El dolor y la injusticia presentados como una estética desintegradora instala en la sociedad la desesperanza de no encontrar la verdad y poder hacer el bien en común.
Hoy los medios nos hacen prójimos de verdaderas multitudes de personas que están a lo largo del camino de la vida: unos apaleados, otros ultrajados otros desahuciados, y ante este escenario se pasean los periodistas expectantes observando la “noticia” sin prestarles ayuda e instrumentalizando la desgracia. ¿ Los medios buscan la verdad, se organizan puramente como grupos de presión a manos de algún mecenas astuto, o persiguen el morbo lucrado? La comunicación estrictamente puntual carente de contexto es atemporal y fomenta la desesperación. Ante esta coyuntura, ustedes periodistas, ¿quieren ser buenos comunicadores?

OSCURA GOBERNABILIDAD

La autocomplacencia de Zapatero lleva a su ejecutivo a negar la evidencia de una coyuntura social y política desgastada cuya realidad es percibida y afirmada de forma diversa por una gran mayoría de españoles. Existen no pocos ministerios (inmigración, vivienda, educación...) que están en k.o técnico, abatidos, incapacitados y huérfanos de estrategias.

Actualmente nos encontramos ante un flagrante abandono ideológico carente de previsión y de líneas maestras. La única técnica que domina el “puño y la rosa” es la confrontación abundante y el desvío de la atención cívica y mediática hacia asuntos, en buena medida, irrelevantes.

Tras haber colocado ZP a Aznar bajo sospecha acusándole de haber borrado de los ordenadores de la Moncloa información acerca del 11-M, la justicia constata que no fue así. La desnaturalización de la Benemérita al existir un mando único para ésta y la policía nacional hace sospechar el allanamiento para pactar con ETA y camuflar información veraz sobre los atentados de Atocha. El envío de tropas al Líbano a pesar del riesgo latente ha soterrado las proclamas postelectorales y el “no a la guerra” que sustentaba las caceroladas. La oleada masiva de inmigrantes incontrolados es indignante. Además, la fijación obsesiva de Zapatero por emerger aquella República que se alzó tras un golpe de Estado que derrocó a la legítima monarquía parlamentaria vigente hasta el año 1931, denota la insensatez e ineficacia de su gobernabilidad.

Con todo, Zapatero imprime carácter trascendental y grandilocuente a las cosas más insignificantes, y sin embargo deja sin contenido cuestiones de esencia vital. El Sr. presidente no debe olvidar que el hombre es dueño de sus silencios pero que siempre estará sometido al eco de sus palabras.

La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y epor ende el respeto a la diversidad, a pensar diferente. Los poderes públicos son meros instrumentos subsidiarios frente al papel principal y social de los padres en cuanto a la elección de centros educativos, y solamente cuando la Administración respeta la libertad de creación y dirección de centros privados y observa el derecho de los padres a elegir escuela según sus propias convicciones es cuando se puede hablar de tolerancia y pluralidad. Los poderes solo deben servir y no oprimir, pues la coyuntura social española advierte que solapadamente Zapatero impone su pensamiento único.

El Estado no puede arrogarse el derecho exclusivo de educar a los hijos de los demás ni de imponerles un tipo concreto de centro educativo ya que la titularidad para elegir lo idóneo le corresponde únicamente a los padres.

La libertad de enseñanza es una prolongación de la libertad ideológica, religiosa y de expresión según sentencia del TC 5/81.II.7. Además la idea errática de que el dinero público es para lo público y lo que sobrs es para otras cosas, se debe declinar dando paso al concepto de fondos procedentes de impuestos los cuales contribuyen a la gratuidad de la enseñanza en sentido lato.

Una sociedad democrática, plural y aconfesional obliga al Estado a ser neutral en materia de enseñanza, otorgando el protagonismo absoluto a la responsabilidad de los padres. Por ello el T. Supremo señala que el art. 27.6 de la
Constitución “supone la inexistencia de un monopolio estatal docente y sí la existencia de un pluralismo educativo institucionalizado”, considerando lo público y lo privado sistemas convergentes sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Igualdad no significa la uniformidad rotunda de un modelo de enseñanza único, público y laico, pues esta consideración es regresiva y atenta contra el Estado de Derecho. De cara al nuevo curso escolar el gobierno socialista debería tener en cuenta estas razones para no secuestrar los legítimos intereses que relegan a los padres a la cautividad.